El movimiento de vecinos integrados al colectivo La Voz de Narvarte contra la construcción de una mega obra en el predio que ocupaba la Octava Delegación de Policía, que fue demolida a pesar de estar catalogada por el INBA, dio un vuelco este medio día cuando peritos de la PGR ingresaron al terreno ubicado en la esquina de Obrero Mundial y Cuauhtémoc como parte de una investigación penal.
Y es que tanto autoridades del Instituto Nacional de Antropología e Historia como vecinos y representantes de la Comisión de Derechos Humanos del DF, han dado cuenta de la existencia de vestigios arqueológicos que datan al menos del año 1550, cuando ahí se construyó un convento dominico, y ni las autoridades del GDF –propietarias del predio— ni las delegacionales dieron cuenta oportuna de ello, y parte de esos hallazgos podrían haber sido afectados en las obras de demolición y en la actual construcción de los cimientos.
La abogada de los inconformes, Patricia Canales, denunció en conferencia una serie de irregularidades que se han dado en beneficio, aseguró, de una ampliación del centro comercial Parque Delta, que se encuentra en frente. Entre ellas está un proceso de desincorporación a favor de un fideicomiso en el que participaría la iniciativa privada, pero que no fue publicado conforme a la ley en la Gaceta Oficial.
En ese proceso de desincorporación y construcción de un edificio con 11 niveles de estacionamiento, las autoridades se han ido contradiciendo, pues un día hablan de que la obra es privada y otro día dicen que es pública. Justamente bajo el pretexto de que la obra es del GDF, la Delegación Benito Juárez se lava las manos argumentando que no es necesario en ese caso el ingreso en su ventanilla única de manifestación de construcción alguna, con los respectivos estudios de impacto ambiental y urbano. Ni tampoco, dice, tiene la obligación de supervisar que no se viole el uso de suelo.
Christian Gallegos, dirigente de la Voz de Narvarte, dijo que ya son 99 las denuncias acumuladas que han sido presentadas por diferentes vecinos ante instancias tanto administrativas como judiciales, entre ellas la solicitud de amparo ante el Juzgado 15 de lo Administrativo del Distrito Federal, que está pendiente, y una denuncia penal ante la Procuraduría capitalina contra la Delegación Benito Juárez por ser omisa al permitir la demolición de la Octava Delegación de Policía cuando ese edificio funcionalista estaba catalogado por el INBA desde el 2004.
Con información de Libre en el Sur
Y es que tanto autoridades del Instituto Nacional de Antropología e Historia como vecinos y representantes de la Comisión de Derechos Humanos del DF, han dado cuenta de la existencia de vestigios arqueológicos que datan al menos del año 1550, cuando ahí se construyó un convento dominico, y ni las autoridades del GDF –propietarias del predio— ni las delegacionales dieron cuenta oportuna de ello, y parte de esos hallazgos podrían haber sido afectados en las obras de demolición y en la actual construcción de los cimientos.
La abogada de los inconformes, Patricia Canales, denunció en conferencia una serie de irregularidades que se han dado en beneficio, aseguró, de una ampliación del centro comercial Parque Delta, que se encuentra en frente. Entre ellas está un proceso de desincorporación a favor de un fideicomiso en el que participaría la iniciativa privada, pero que no fue publicado conforme a la ley en la Gaceta Oficial.
En ese proceso de desincorporación y construcción de un edificio con 11 niveles de estacionamiento, las autoridades se han ido contradiciendo, pues un día hablan de que la obra es privada y otro día dicen que es pública. Justamente bajo el pretexto de que la obra es del GDF, la Delegación Benito Juárez se lava las manos argumentando que no es necesario en ese caso el ingreso en su ventanilla única de manifestación de construcción alguna, con los respectivos estudios de impacto ambiental y urbano. Ni tampoco, dice, tiene la obligación de supervisar que no se viole el uso de suelo.
Christian Gallegos, dirigente de la Voz de Narvarte, dijo que ya son 99 las denuncias acumuladas que han sido presentadas por diferentes vecinos ante instancias tanto administrativas como judiciales, entre ellas la solicitud de amparo ante el Juzgado 15 de lo Administrativo del Distrito Federal, que está pendiente, y una denuncia penal ante la Procuraduría capitalina contra la Delegación Benito Juárez por ser omisa al permitir la demolición de la Octava Delegación de Policía cuando ese edificio funcionalista estaba catalogado por el INBA desde el 2004.
Con información de Libre en el Sur
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