Todas las llamadas que realices, además de datos como tu nombre y posición geográfica serán monitoreadas por los operadores de telecomunicaciones en caso de que se apruebe el anteproyecto de ley secundaria en la materia que discutirá el Congreso, y al cual tuvo acceso CNNExpansión.
El artículo 190 de la propuesta, que aún debe ser aprobada, detalla la forma en que el gobierno mexicano exigirá a las operadoras los datos de los usuarios como el nombre, fecha, hora y duración de las llamadas, hasta la identificación y características técnicas de sus dispositivos, incluyendo la ubicación.
Esta información será verificada por servidores públicos designados por las instancias de seguridad y procuración de justicia del país, detalla el documento.
“Los titulares de las instancias de seguridad y procuración de justicia designarán a los servidores públicos encargados de gestionar los requerimientos que se realicen a los concesionarios y recibir la información correspondiente, mediante acuerdos publicados en el Diario Oficial de la Federación”, explica el anteproyecto en su Artículo 189.
Estos son los seis tipos de datos a los que podrá acceder el Estado:
1- Nombre, denominación o razón social y domicilio del suscriptor.
2- Tipo de comunicación (transmisión de voz, buzón vocal, conferencia, datos), servicios suplementarios (incluidos el reenvío o transferencia de llamada) o servicios de mensajería o multimedia empleados (incluidos los servicios de mensajes cortos, servicios multimedia y avanzados).
3- Número de destino, modalidad de líneas con contrato o plan tarifario, como en la modalidad de líneas de prepago.
4- Fecha, hora y duración de la comunicación, así como el servicio de mensajería o multimedia.
5- Identificación y características técnicas de los dispositivos, incluyendo, entre otros, los códigos internacionales de identidad de fabricación del equipo y del suscriptor.
6- La ubicación digital del posicionamiento geográfico de las líneas telefónicas.
El operador de telefonía deberá conservar estos datos durante los primeros 12 meses en sistema de referencia que el Estado pueda acceder y de los cuales pueda obtener una copia en tiempo real a las autoridades competentes, a través de medios electrónicos, detalla el documento.
Diputados en contra
Para el diputado panista Juan Pablo Adame la prevalencia en el dictamen de la retención de datos implica la vigilancia de los ciudadanos.
“La retención de datos personales nos preocupa muchísimo porque en el predictamen aún se mantienen, con una modificación en la redacción, pero se mantiene la medida y esto es querer tener un control sobre los ciudadanos”, dijo en entrevista.
Aseguró que los diputados panistas están en desacuerdo con las medidas de vigilancia de comunicaciones, y dijo que durante el debate presentarán soluciones alternas como la creación de un nuevo órgano de gobierno que trabaje con las dependencias y que sea el único que tenga acceso a los datos.
Una de las razones por la que prevalecen los artículos preocupantes en el dictamen es porque el gobierno busca un respaldo para otros reglamentos y leyes ya aprobadas como el nuevo Código Penal Federal, que contempla que las instituciones de gobierno puedan geolocalizar a los ciudadanos por ley.
“Ellos hablan de una armonización para colaborar con la justicia para identificar delitos que se cometen a través de Internet, pero nosotros vemos una cerrazón en sus propuestas y un intento de mantener un esquema de vigilancia respecto a los ciudadanos”, dijo.
El candado de la ley
El Artículo 190 también indica que la única forma de conocer a detalle este tipo de datos será mediante la petición explícita del gobierno.
“Exclusivamente la autoridad judicial federal, a petición de la autoridad federal que faculte la ley o del titular del Ministerio Público de la entidad federativa correspondiente, podrá autorizar la intervención de cualquier comunicación privada”, señala.
Agrega que los concesionarios de telecomunicaciones están obligados a tomar medidas técnicas necesarias para conservar, cuidar, proteger, no manipular e impedir el acceso ilícito, de los datos personales, así como evitar la destrucción, alteración o cancelación de los mismos.
Pese a que el gobierno justifica estas medidas bajo el pretexto de proteger la seguridad y prevenir delitos que se cometan en Internet, las “amenazas a la seguridad” pueden ir desde una extorsión, hasta un personaje incómodo, dijo el abogado especialista en telecomunicaciones, Joel Gómez Treviño.
Otras indicaciones que plantea la ley son:
1- “Queda prohibida la utilización de los datos conservados para fines distintos a los previstos en este capítulo, cualquier uso distinto será sancionado por las autoridades competentes en términos administrativos y penales que resulten”.
2- “(Las compañías deberán) contar con un área responsable disponible las veinticuatro horas del día, y los trescientos sesenta y cinco días del año para atender los requerimientos de información, localización geográfica e intervención de comunicaciones privadas”.
3- “(Las operadoras están obligadas a) realizar la suspensión del servicio de los equipos o dispositivos terminales móviles reportados como robados o extraviados, a solicitud del titular”.
4- “(Las operadoras están obligadas a) realizar el bloqueo inmediato de líneas de comunicación móvil que funcionen bajo cualquier modalidad reportadas por los clientes, utilizando cualquier medio, como robadas o extraviadas”.
5- “Colaborar con las autoridades competentes para que en el ámbito técnico operativo se cancelen o anulen de manera permanente las señales de telefonía celular, de radiocomunicación, o de transmisión de datos o imagen dentro del perímetro de centros de readaptación social, establecimientos penitenciarios o centros de internamiento para menores, federales o de las entidades federativas, cualquiera que sea su denominación”.
El senador panista Javier Lozano dijo a través de su cuenta oficial de Twitter que este miércoles por la tarde habrá una reunión de comisiones unidas para dictaminar el anteproyecto de ley secundaria de telecomunicaciones.
Con información de CNN
El artículo 190 de la propuesta, que aún debe ser aprobada, detalla la forma en que el gobierno mexicano exigirá a las operadoras los datos de los usuarios como el nombre, fecha, hora y duración de las llamadas, hasta la identificación y características técnicas de sus dispositivos, incluyendo la ubicación.
Esta información será verificada por servidores públicos designados por las instancias de seguridad y procuración de justicia del país, detalla el documento.
“Los titulares de las instancias de seguridad y procuración de justicia designarán a los servidores públicos encargados de gestionar los requerimientos que se realicen a los concesionarios y recibir la información correspondiente, mediante acuerdos publicados en el Diario Oficial de la Federación”, explica el anteproyecto en su Artículo 189.
Estos son los seis tipos de datos a los que podrá acceder el Estado:
1- Nombre, denominación o razón social y domicilio del suscriptor.
2- Tipo de comunicación (transmisión de voz, buzón vocal, conferencia, datos), servicios suplementarios (incluidos el reenvío o transferencia de llamada) o servicios de mensajería o multimedia empleados (incluidos los servicios de mensajes cortos, servicios multimedia y avanzados).
3- Número de destino, modalidad de líneas con contrato o plan tarifario, como en la modalidad de líneas de prepago.
4- Fecha, hora y duración de la comunicación, así como el servicio de mensajería o multimedia.
5- Identificación y características técnicas de los dispositivos, incluyendo, entre otros, los códigos internacionales de identidad de fabricación del equipo y del suscriptor.
6- La ubicación digital del posicionamiento geográfico de las líneas telefónicas.
El operador de telefonía deberá conservar estos datos durante los primeros 12 meses en sistema de referencia que el Estado pueda acceder y de los cuales pueda obtener una copia en tiempo real a las autoridades competentes, a través de medios electrónicos, detalla el documento.
Diputados en contra
Para el diputado panista Juan Pablo Adame la prevalencia en el dictamen de la retención de datos implica la vigilancia de los ciudadanos.
“La retención de datos personales nos preocupa muchísimo porque en el predictamen aún se mantienen, con una modificación en la redacción, pero se mantiene la medida y esto es querer tener un control sobre los ciudadanos”, dijo en entrevista.
Aseguró que los diputados panistas están en desacuerdo con las medidas de vigilancia de comunicaciones, y dijo que durante el debate presentarán soluciones alternas como la creación de un nuevo órgano de gobierno que trabaje con las dependencias y que sea el único que tenga acceso a los datos.
Una de las razones por la que prevalecen los artículos preocupantes en el dictamen es porque el gobierno busca un respaldo para otros reglamentos y leyes ya aprobadas como el nuevo Código Penal Federal, que contempla que las instituciones de gobierno puedan geolocalizar a los ciudadanos por ley.
“Ellos hablan de una armonización para colaborar con la justicia para identificar delitos que se cometen a través de Internet, pero nosotros vemos una cerrazón en sus propuestas y un intento de mantener un esquema de vigilancia respecto a los ciudadanos”, dijo.
El candado de la ley
El Artículo 190 también indica que la única forma de conocer a detalle este tipo de datos será mediante la petición explícita del gobierno.
“Exclusivamente la autoridad judicial federal, a petición de la autoridad federal que faculte la ley o del titular del Ministerio Público de la entidad federativa correspondiente, podrá autorizar la intervención de cualquier comunicación privada”, señala.
Agrega que los concesionarios de telecomunicaciones están obligados a tomar medidas técnicas necesarias para conservar, cuidar, proteger, no manipular e impedir el acceso ilícito, de los datos personales, así como evitar la destrucción, alteración o cancelación de los mismos.
Pese a que el gobierno justifica estas medidas bajo el pretexto de proteger la seguridad y prevenir delitos que se cometan en Internet, las “amenazas a la seguridad” pueden ir desde una extorsión, hasta un personaje incómodo, dijo el abogado especialista en telecomunicaciones, Joel Gómez Treviño.
“Cualquier insulto que reciba un político, un magnate o una figura pública en redes sociales podría forzadamente considerarse como ‘amenaza’, y de ahí se detonaría toda una investigación cibernética”.
Otras indicaciones que plantea la ley son:
1- “Queda prohibida la utilización de los datos conservados para fines distintos a los previstos en este capítulo, cualquier uso distinto será sancionado por las autoridades competentes en términos administrativos y penales que resulten”.
2- “(Las compañías deberán) contar con un área responsable disponible las veinticuatro horas del día, y los trescientos sesenta y cinco días del año para atender los requerimientos de información, localización geográfica e intervención de comunicaciones privadas”.
3- “(Las operadoras están obligadas a) realizar la suspensión del servicio de los equipos o dispositivos terminales móviles reportados como robados o extraviados, a solicitud del titular”.
4- “(Las operadoras están obligadas a) realizar el bloqueo inmediato de líneas de comunicación móvil que funcionen bajo cualquier modalidad reportadas por los clientes, utilizando cualquier medio, como robadas o extraviadas”.
5- “Colaborar con las autoridades competentes para que en el ámbito técnico operativo se cancelen o anulen de manera permanente las señales de telefonía celular, de radiocomunicación, o de transmisión de datos o imagen dentro del perímetro de centros de readaptación social, establecimientos penitenciarios o centros de internamiento para menores, federales o de las entidades federativas, cualquiera que sea su denominación”.
El senador panista Javier Lozano dijo a través de su cuenta oficial de Twitter que este miércoles por la tarde habrá una reunión de comisiones unidas para dictaminar el anteproyecto de ley secundaria de telecomunicaciones.
Con información de CNN
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