Washington - Los ataques contra manifestantes no armados por parte de las fuerzas de seguridad en Venezuela son un “patrón alarmante de abusos” desde febrero pasado, y no casos aislados como asegura el gobierno, según un informe del grupo humanitario “Human Rights Watch” (HRW).
El informe de HRW divulgado este lunes en Washington, documenta 45 casos de graves abusos ocurridos en Caracas y los estados de Carabobo, Lara y Miranda, que dejaron más de 150 víctimas.
En 10 de los casos investigados, la combinación de tácticas y abusos de las fuerzas de seguridad “constituyó tortura”, según el informe titulado “Castigados por protestar: Violaciones de derechos humanos en las calles, centros de detención y el sistema judicial de Venezuela”.
Para José Miguel Vivanco, director para las Américas de HRW, no se trata de “incidentes aislados” ni excesos de agentes insubordinados sino que son parte de “un patrón alarmante de abusos” que agrava la crisis en Venezuela.
Sanciones contra Venezuela
Un comité del Senado de EEUU realizará este jueves una audiencia sobre Venezuela, y al día siguiente un subcomité de la Cámara de Representantes votará posibles sanciones contra violadores de los derechos humanos en ese país.
HRW pidió el cese inmediato de estos abusos, una investigación de las acciones de las fuerzas de seguridad –también de los delitos cometidos contra éstas-, y que se juzgue a los responsables.
El documento contradice al gobierno del presidente venezolano Nicolás Maduro, que ha caracterizado como violentas las protestas del pasado 12 de febrero. El informe recordó que el líder opositor Leopoldo López fue acusado de ser el "autor intelectual" de las protestas en esa fecha, y el gobierno lo mantiene encarcelado en una base militar sin aún producir "pruebas creíbles" de su delito.
La embajada de Venezuela en Washington no ha reaccionado al informe. Sin embargo, el pasado 1 de abril, Maduro dijo en una carta de opinión publicada en el diario The New York Times que los manifestantes han causado “millones de dólares en daños” y su única meta es “el derrocamiento inconstitucional de un gobierno elegido democráticamente”.
Según Maduro, los que tienen críticas legítimas por la inseguridad o situación económica “están siendo explotados por líderes que tienen una agenda violenta, antidemocrática”.
Denuncian torturas
En la mayoría de los casos, indicó HRW, las víctimas fueron arrestadas de forma arbitraria y retenidas por al menos 48 horas, muchas veces en establecimientos militares, donde recibieron golpizas o, en algunos casos, descargas eléctricas o quemaduras.
HRW aseveró que el objetivo no era restablecer el orden público o dispersar las protestas sino “castigar a personas por sus opiniones políticas, reales o presuntas”.
Según el informe, algunos manifestantes han atacado a agentes con hondas, piedras y cócteles Molotov y, en contados casos, lanzaron morteros de fabricación casera.
Pero los agentes de seguridad han recurrido en múltiples ocasiones al “uso ilegítimo de la fuerza”, que incluyó disparar y golpear brutalmente a “personas que no estaban armadas ni era violentas”.
Algunas de las víctimas no participaban en las protestas, o ya estaban bajo custodia policial. En 13 casos, los agentes persiguieron a personas que tomaron fotografías o videos de la represión contra los manifestantes.
HRW acusó a funcionarios del Ministerio Público y del Poder Judicial de estar al tanto de los abusos, de participar en ellos, o tolerar los cometidos por “pandillas armadas partidarias del gobierno”.
Aunque el Ministerio Público dijo que ha iniciado 145 investigaciones y ha detenido a 17 agentes de seguridad, HRW desconfía de que los responsables sean castigados porque considera que en Venezuela no hay independencia judicial.
Aún así, HRW emitió recomendaciones a todos los actores de la crisis política, incluso para los manifestantes y grupos opositores, y pidió que la comunidad internacional exija a Maduro el fin de los abusos.
Agencias
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