Se cumplen 7 años de violación y asesinato de anciana indígena a manos de @SEDENAmx

Hace 7 años, el 26 de febrero de 2007, la muerte de una anciana, indígena y pobre se convirtió en tragedia para la familia, en noticia mundial y en una muestra estrepitosa de lo que provocan los excesos de poder y de miseria.

Doña Ernestina Ascensio Rosario fue atacada sexualmente en forma brutal por soldados pertenecientes a un batallón que el ejército mantenía estacionado en el poblado donde vivía la señora, en la Sierra de Zongolica, en Veracruz. Se trató de una acción contrainsurgente (claramente terrorista) que pretendía desmoralizar a la comunidad pero que terminó causando la muerte de la víctima y la deshonra del ejército.

Este crimen fue declarado impune por orden de Felipe Calderón y rápidamente las autoridades federales (SEDENA y CNDH) y estatales se avinieron cómodamente a esta determinación de un demente que con el tiempo demostraría tal sed de sangre que ni cerca de cien mil muertos pudieron saciar.

Los mandos militares han cambiado en este tiempo, pero sólo para que todo siga igual.

¿No se supone que los hombres de orden no toleran el crimen? ¿No es cierto que el ejército sólo deba lealtad a la nación? ¿No creen los nuevos mandos que el ejército se formó con fines más nobles que el crimen, el pillaje y la corrupción? ¿No saben que su obligación es distinta que la de reprimir al pueblo y ponerse a las órdenes de dictadores y usurpadores? Ven que el país se desintegra y la soberanía se cae a pedazos y siguen firmes respaldando a quienes vendiendo la patria entregan su territorio a gobiernos y empresas extranjeras y a felones locales.

No tienen derecho a entregar la nación al gobierno de los peores.

Con estos mandos militares, poca esperanza queda de que se haga justicia a Doña Ernestina Ascensio Rosario, que se ha convertido en un caso paradigmático de lo que en realidad encierran estos gobiernos despóticos neoliberales.



El crimen cometido contra el pueblo en su persona no se olvida Doña Ernestina.



Hoy se informó que la Corte Interamericana de Derechos Humanos tomará el caso ante la negligencia del estado mexicano.