17/12/2013 14:14:32
Carlos Fazio
México: Cronología abreviada de la imposición y la entrega
Otro,Opinión,,Con el Tratado de Libre Comercio de 1994, el régimen de EEUU
y los organismos financieros "internacionales" han venido avanzando en las
privatizaciones
El pasado 22 de noviembre, la 51 reunión interparlamentaria México-Estados
Unidos concluyó con la difusión de un comunicado conjunto, en el que la
delegación estadounidense manifestó su interés "por una mayor
interdependencia y seguridad energética de Norteamérica". En la reunión,
Michael McCaul, presidente de la delegación visitante y del Comité de
Seguridad Interior de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, elogió
el paquete de contrarreformas neoliberales impulsado por Enrique Peña y el
Pacto por México y, tras mencionar los acuerdos transfronterizos de
hidrocarburos de su país con México, abogó por una profundización de
la "alianza energética" entre ambos y Canadá.
En el marco de las privatizaciones en curso de Petróleos Mexicanos (Pemex)
y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en el Congreso mexicano,
las "aspiraciones" de McCaul y los parlamentarios estadounidenses no fueron
para nada inocentes. Abrevan en la histórica ambición anexionista y de
clase que desde los tiempos del secretario de Estado William H. Seward, en
la segunda mitad del siglo XIX, se expresó en un proyecto de control
infraestructural y económico de dimensiones continentales que incluía la
absorción de México y Canadá; proyecto revitalizado en documentos oficiales
del gobierno de Franklyn Delano Roosevelt en 1941, cuando se diseñó la
Doctrina de Áreas Ampliadas (Grand Area Doctrine), plan geopolítico de
integración vertical imperial para la competencia comercial entre bloques,
con eje en la noción de "seguridad nacional" estadounidense.
En su última fase, dicho proceso arranca a finales de los años 70 del siglo
pasado, cuando el lobby petrolero texano logró colocar en la Oficina Oval a
Ronald Reagan y George Bush padre. Veamos:
1973. El embargo de la Organización de Países Exportadores de Petróleo
(OPEP) a Estados Unidos, a raíz de su apoyo a Israel en la guerra de Yom
Kippur, exhibió su vulnerabilidad energética y generó un trauma
geoestratégico. Desde entonces, de cara a cualquier interrupción futura del
flujo de hidrocarburos (petróleo y gas natural) del golfo Pérsico,
Washington priorizó por razones de "seguridad nacional" sus políticas
hacia "fuentes amigables, estables y seguras" como Inglaterra, Canadá,
México y Venezuela.
1979. La vinculación entre la seguridad, la dependencia estratégica y las
iniciativas para la inclusión de Canadá y México en esquemas
de "integración" de América del Norte ingresa como tema central de la
seguridad nacional de Estados Unidos. Para dejar de ser "rehenes" de la
OPEP y de cara a la pugna interimperialista con los megabloques económicos
de la Unión Europea y el Asia/Pacífico (Japón y los tigres asiáticos) que
desafían la hegemonía de Estados Unidos, ese año, cuando el tema del
petróleo y el gas era casi un tabú en las relaciones bilateral y regional,
Ronald Reagan promueve en su campaña por la Casa Blanca la "desvinculación"
del petróleo mexicano y el gas natural canadiense del mercado mundial y
la "regionalización" de los recursos hidrocarburíficos de ambos países bajo
la idea de un "mercado común energético" de América del Norte.
Años 80. En el caso de México, los mayores obstáculos para la conformación
de un mercomún energético en el área espacial y territorial de Norteamérica
eran el nacionalismo revolucionario, con su artículo 27 constitucional, y
la noción misma de la soberanía nacional mexicana. Para librar esos
escollos, Washington optó por instrumentos "no militares" (es decir,
financieros y monetarios derivados de las líneas de condicionalidad del
Banco Mundial, el FMI y el BID atadas a la deuda externa) y
de "inteligencia política" (cooptación-corrupción de gobernantes, políticos
y empresarios y las presiones derivadas de sus eventuales vínculos con el
tráfico de drogas y otros ilícitos).
Históricamente, al aparato militar y diplomático estadounidense no le ha
sido difícil detectar esas vulnerabilidades, porque, como dijo el ex
secretario de Estado de Woodrow Wilson, Robert Lansing, "dominar a México
es extremadamente fácil porque basta con controlar a un solo hombre: el
presidente". Labor que han venido desarrollando los emisarios de Washington
desde el primer gobierno neoliberal de Miguel de la Madrid hasta el
presente, con Enrique Peña, pasando por Carlos Salinas (líder de la facción
santannista de lo que Manuel Buendía llamó "neopolkos"), Ernesto Zedillo,
Vicente Fox y Felipe Calderón. En abono de lo anterior, y como señaló hace
más de dos lustros John Saxe-Fernández en La compra-venta de México, desde
1982 se ha venido generalizando en México el "quintacolumnismo", es decir,
una quinta columna integrada por un grupo de poder local colaboracionista,
antinacional y entreguista, afín a un anexionismo vertical, subordinado y
dependiente de Estados Unidos.
1991. Durante el gobierno salinista, en el marco de la primera guerra del
golfo Pérsico, Timothy O'Leary dio a conocer que en una reunión celebrada
en Toronto, el 12 de junio de ese año, Los Pinos y la Casa Blanca pactaron
que "sin modificar la Constitución mexicana", el petróleo y las operaciones
nacionales e internacionales de Pemex entraran en las negociaciones del
Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN o NAFTA, por sus
siglas en inglés).
1994. Con la entrada en vigor del TLCAN, definido por el ex director de la
CIA William Colby como un instrumento importante para "desvanecer" la
soberanía mexicana y "reorientar" la función y la existencia misma de
México como Estado nación, se profundizó el proceso
de "constitucionalización del neoliberalismo disciplinario". Esto es, el
ajuste del aparato normativo mexicano con el fin de garantizar "seguridad
jurídica" a los inversionistas privados extranjeros, con especial fruición,
la desde entonces furtiva, larvada e ilegal contrarreforma a los artículos
27 y 28 de la Constitución en materia energética: electricidad, agua,
petróleo, gas natural y otros minerales considerados "críticos y
estratégicos" por el Pentágono.
Con la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte
(TLCAN) en 1994, Estados Unidos y los organismos
financieros "internacionales" (BM, FMI, BID, verdaderos perros guardianes
al servicio del Departamento del Tesoro y las compañías multinacionales),
han venido avanzando sin límite de continuidad en el "cogobierno" o "manejo
conjunto" del territorio nacional y sus recursos geoestratégicos. Incluida
la privatización "multimodal" de la infraestructura (carreteras, puertos,
aeropuertos, vías de ferrocarril, redes de fibra óptica, de electricidad e
hidrocarburos), propósito principal del Plan Puebla Panamá (PPP), diseñado
durante la administración de Ernesto Zedillo y profundizado con Vicente Fox.
2000-2001. Tras la elección de Fox en julio de 2000, Washington arreció en
sus propósitos de transformar el espacio territorial mexicano, de adecuarlo
con las nuevas mercancías, a los nuevos negocios y tecnologías. De
cuadricularlo, ordenarlo y hacerlo funcional y "productivo".
Durante su campaña electoral, en un debate televisado con Al Gore en
octubre de 2000, el entonces gobernador de Texas, George W. Bush, recuperó
la idea de Reagan y su padre (George Walker Bush, ex director de la CIA y
vicepresidente de los dos mandatos de Reagan, a quien sucedió en 1988) de
formar un "mercomún energético de América del Norte". Dijo: "Le hablé (a
Fox) de cómo sería mejor apresurar la exploración de gas natural en México
y transportarlo a Estados Unidos para que seamos menos dependientes de
fuentes externas de petróleo crudo". En febrero de 2001, el experto George
Baker, directivo de Mexico Energy Intelligence, planteó que Bush podía
ofrecer fondos para convertir a Pemex en la mejor empresa petrolera del
mundo. "Por supuesto, tendría que ser una propuesta del presidente Fox, que
no corresponde plantear al presidente Bush", dijo Baker. En marzo, Bush no
tuvo empacho en afirmar que el gas encontrado en México era "hemisférico" y
debía beneficiar a Estados Unidos. Afirmó entonces: "Una buena política
energética es aquella que entiende que tenemos energía en nuestro
hemisferio y cómo explotarlo mejor y transportarlo a los mercados".
Poco antes, con Fox de anfitrión, el secretario de Energía de EU, Spencer
Abraham, había logrado introducir en la Declaración de México -suscrita por
los ministros de Energía del hemisferio- una frase que abogaba por
la "integración energética" del continente. Allí quedó formado un grupo de
trabajo trilateral (integrado por Abraham y los ministros del ramo de
Canadá y México). "Encontramos que hay dependencia mutua, sin socios
minoritarios ni socios mayoritarios", dijo entonces Abraham desafiando la
ley que rige la fábula del tiburón y las sardinas.
La idea de crear "redes" o "corredores energéticos" a través de ductos
transfronterizos para el intercambio de hidrocarburos, así como la
integración eléctrica entre Estados Unidos, Canadá y México, fue retomada
en la Cumbre de Quebec (abril de 2001), donde participaron 34 jefes de
Estado y de gobierno de América. Uno de los compromisos de la cumbre
fue "norteamericanizar los mercados de energía" -ante la deficiencia de
Estados Unidos en la materia esgrimida por Bush-, para lo cual se
requería "cambiar el marco legislativo y regulatorio" de los países
involucrados.
En mayo de 2001, el presidente Bush -principal operativo del cártel
petrolero-gasero texano conformado por las trasnacionales Exxon-Mobil,
Halliburton, Enron y El Paso Corporation- dio a conocer su plan energético
nacional (conocido como Plan Cheney), donde el combustible extranjero pasó
a ser el eje del proyecto. En ese esquema, México fue definido como
una "fuente primordial" para garantizar la "seguridad energética" de
Estados Unidos.
Varios meses antes de los atentados contra las Torres Gemelas, el Grupo
para el Desarrollo de una Política Energética Nacional, que elaboró el Plan
Cheney, había mostrado un mapa de la República Mexicana que identificaba
las cuencas de Burgos, Sabinas y Pedregosas, en el norte de México, frente
a Texas (dominios del clan Bush), como las principales reservas de gas no
explotado. En esa región, sugería el documento, podría darse una
interrelación energética "natural". El grupo recomendó a Bush que
instruyera a sus secretarios de Estado y de Energía para que, en consulta
con la Comisión Reguladora de Energía, se revisaran los "permisos
presidenciales" para la construcción de infraestructura que permita el
cruce de petróleo, gas natural y electricidad, y se propongan las reformas
a las regulaciones que sean necesarias para hacerlas compatibles con el
comercio intrafronterizo.
Cuando en septiembre de 2001 Fox visitó a Bush en Washington, ambos
recibieron la propuesta del Consejo Binacional México-Estados Unidos de
llevar a cabo, cuanto antes, la integración energética de Norteamérica. El
principal destinatario de la solicitud fue Fox: a él le recomendaron
aumentar la inversión privada en Pemex; abrir el sector de refinación de
crudo al capital extranjero; dividir en varias compañías la red de
oleoductos mexicanos y acceder a una pronta integración eléctrica con
Estados Unidos. Para todo ello, señalaron, hay opciones: "liberalizando los
marcos regulatorios y legales". Es decir, modificando la Constitución
mexicana.
2002. El 20 de septiembre de ese año Bush presentó su Estrategia de
Seguridad Nacional en la Casa Blanca. Entre las nociones básicas del
documento, una decía: "Debe mejorar la seguridad energética (de Estados
Unidos). Fortaleceremos nuestra propia seguridad energética y la
prosperidad compartida de la economía mundial, colaborando con nuestros
aliados, socios comerciales y productores de energía". En buen romance, fue
el anuncio estratégico de la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de
América del Norte (Aspan), suscrita en Waco, Texas, el 23 de marzo de 2005.
La Jornada
Otro,Opinión,,Con el Tratado de Libre Comercio de 1994, el régimen de EEUU
y los organismos financieros "internacionales" han venido avanzando en las
privatizaciones
El pasado 22 de noviembre, la 51 reunión interparlamentaria México-Estados
Unidos concluyó con la difusión de un comunicado conjunto, en el que la
delegación estadounidense manifestó su interés "por una mayor
interdependencia y seguridad energética de Norteamérica". En la reunión,
Michael McCaul, presidente de la delegación visitante y del Comité de
Seguridad Interior de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, elogió
el paquete de contrarreformas neoliberales impulsado por Enrique Peña y el
Pacto por México y, tras mencionar los acuerdos transfronterizos de
hidrocarburos de su país con México, abogó por una profundización de
la "alianza energética" entre ambos y Canadá.
En el marco de las privatizaciones en curso de Petróleos Mexicanos (Pemex)
y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en el Congreso mexicano,
las "aspiraciones" de McCaul y los parlamentarios estadounidenses no fueron
para nada inocentes. Abrevan en la histórica ambición anexionista y de
clase que desde los tiempos del secretario de Estado William H. Seward, en
la segunda mitad del siglo XIX, se expresó en un proyecto de control
infraestructural y económico de dimensiones continentales que incluía la
absorción de México y Canadá; proyecto revitalizado en documentos oficiales
del gobierno de Franklyn Delano Roosevelt en 1941, cuando se diseñó la
Doctrina de Áreas Ampliadas (Grand Area Doctrine), plan geopolítico de
integración vertical imperial para la competencia comercial entre bloques,
con eje en la noción de "seguridad nacional" estadounidense.
En su última fase, dicho proceso arranca a finales de los años 70 del siglo
pasado, cuando el lobby petrolero texano logró colocar en la Oficina Oval a
Ronald Reagan y George Bush padre. Veamos:
1973. El embargo de la Organización de Países Exportadores de Petróleo
(OPEP) a Estados Unidos, a raíz de su apoyo a Israel en la guerra de Yom
Kippur, exhibió su vulnerabilidad energética y generó un trauma
geoestratégico. Desde entonces, de cara a cualquier interrupción futura del
flujo de hidrocarburos (petróleo y gas natural) del golfo Pérsico,
Washington priorizó por razones de "seguridad nacional" sus políticas
hacia "fuentes amigables, estables y seguras" como Inglaterra, Canadá,
México y Venezuela.
1979. La vinculación entre la seguridad, la dependencia estratégica y las
iniciativas para la inclusión de Canadá y México en esquemas
de "integración" de América del Norte ingresa como tema central de la
seguridad nacional de Estados Unidos. Para dejar de ser "rehenes" de la
OPEP y de cara a la pugna interimperialista con los megabloques económicos
de la Unión Europea y el Asia/Pacífico (Japón y los tigres asiáticos) que
desafían la hegemonía de Estados Unidos, ese año, cuando el tema del
petróleo y el gas era casi un tabú en las relaciones bilateral y regional,
Ronald Reagan promueve en su campaña por la Casa Blanca la "desvinculación"
del petróleo mexicano y el gas natural canadiense del mercado mundial y
la "regionalización" de los recursos hidrocarburíficos de ambos países bajo
la idea de un "mercado común energético" de América del Norte.
Años 80. En el caso de México, los mayores obstáculos para la conformación
de un mercomún energético en el área espacial y territorial de Norteamérica
eran el nacionalismo revolucionario, con su artículo 27 constitucional, y
la noción misma de la soberanía nacional mexicana. Para librar esos
escollos, Washington optó por instrumentos "no militares" (es decir,
financieros y monetarios derivados de las líneas de condicionalidad del
Banco Mundial, el FMI y el BID atadas a la deuda externa) y
de "inteligencia política" (cooptación-corrupción de gobernantes, políticos
y empresarios y las presiones derivadas de sus eventuales vínculos con el
tráfico de drogas y otros ilícitos).
Históricamente, al aparato militar y diplomático estadounidense no le ha
sido difícil detectar esas vulnerabilidades, porque, como dijo el ex
secretario de Estado de Woodrow Wilson, Robert Lansing, "dominar a México
es extremadamente fácil porque basta con controlar a un solo hombre: el
presidente". Labor que han venido desarrollando los emisarios de Washington
desde el primer gobierno neoliberal de Miguel de la Madrid hasta el
presente, con Enrique Peña, pasando por Carlos Salinas (líder de la facción
santannista de lo que Manuel Buendía llamó "neopolkos"), Ernesto Zedillo,
Vicente Fox y Felipe Calderón. En abono de lo anterior, y como señaló hace
más de dos lustros John Saxe-Fernández en La compra-venta de México, desde
1982 se ha venido generalizando en México el "quintacolumnismo", es decir,
una quinta columna integrada por un grupo de poder local colaboracionista,
antinacional y entreguista, afín a un anexionismo vertical, subordinado y
dependiente de Estados Unidos.
1991. Durante el gobierno salinista, en el marco de la primera guerra del
golfo Pérsico, Timothy O'Leary dio a conocer que en una reunión celebrada
en Toronto, el 12 de junio de ese año, Los Pinos y la Casa Blanca pactaron
que "sin modificar la Constitución mexicana", el petróleo y las operaciones
nacionales e internacionales de Pemex entraran en las negociaciones del
Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN o NAFTA, por sus
siglas en inglés).
1994. Con la entrada en vigor del TLCAN, definido por el ex director de la
CIA William Colby como un instrumento importante para "desvanecer" la
soberanía mexicana y "reorientar" la función y la existencia misma de
México como Estado nación, se profundizó el proceso
de "constitucionalización del neoliberalismo disciplinario". Esto es, el
ajuste del aparato normativo mexicano con el fin de garantizar "seguridad
jurídica" a los inversionistas privados extranjeros, con especial fruición,
la desde entonces furtiva, larvada e ilegal contrarreforma a los artículos
27 y 28 de la Constitución en materia energética: electricidad, agua,
petróleo, gas natural y otros minerales considerados "críticos y
estratégicos" por el Pentágono.
Con la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte
(TLCAN) en 1994, Estados Unidos y los organismos
financieros "internacionales" (BM, FMI, BID, verdaderos perros guardianes
al servicio del Departamento del Tesoro y las compañías multinacionales),
han venido avanzando sin límite de continuidad en el "cogobierno" o "manejo
conjunto" del territorio nacional y sus recursos geoestratégicos. Incluida
la privatización "multimodal" de la infraestructura (carreteras, puertos,
aeropuertos, vías de ferrocarril, redes de fibra óptica, de electricidad e
hidrocarburos), propósito principal del Plan Puebla Panamá (PPP), diseñado
durante la administración de Ernesto Zedillo y profundizado con Vicente Fox.
2000-2001. Tras la elección de Fox en julio de 2000, Washington arreció en
sus propósitos de transformar el espacio territorial mexicano, de adecuarlo
con las nuevas mercancías, a los nuevos negocios y tecnologías. De
cuadricularlo, ordenarlo y hacerlo funcional y "productivo".
Durante su campaña electoral, en un debate televisado con Al Gore en
octubre de 2000, el entonces gobernador de Texas, George W. Bush, recuperó
la idea de Reagan y su padre (George Walker Bush, ex director de la CIA y
vicepresidente de los dos mandatos de Reagan, a quien sucedió en 1988) de
formar un "mercomún energético de América del Norte". Dijo: "Le hablé (a
Fox) de cómo sería mejor apresurar la exploración de gas natural en México
y transportarlo a Estados Unidos para que seamos menos dependientes de
fuentes externas de petróleo crudo". En febrero de 2001, el experto George
Baker, directivo de Mexico Energy Intelligence, planteó que Bush podía
ofrecer fondos para convertir a Pemex en la mejor empresa petrolera del
mundo. "Por supuesto, tendría que ser una propuesta del presidente Fox, que
no corresponde plantear al presidente Bush", dijo Baker. En marzo, Bush no
tuvo empacho en afirmar que el gas encontrado en México era "hemisférico" y
debía beneficiar a Estados Unidos. Afirmó entonces: "Una buena política
energética es aquella que entiende que tenemos energía en nuestro
hemisferio y cómo explotarlo mejor y transportarlo a los mercados".
Poco antes, con Fox de anfitrión, el secretario de Energía de EU, Spencer
Abraham, había logrado introducir en la Declaración de México -suscrita por
los ministros de Energía del hemisferio- una frase que abogaba por
la "integración energética" del continente. Allí quedó formado un grupo de
trabajo trilateral (integrado por Abraham y los ministros del ramo de
Canadá y México). "Encontramos que hay dependencia mutua, sin socios
minoritarios ni socios mayoritarios", dijo entonces Abraham desafiando la
ley que rige la fábula del tiburón y las sardinas.
La idea de crear "redes" o "corredores energéticos" a través de ductos
transfronterizos para el intercambio de hidrocarburos, así como la
integración eléctrica entre Estados Unidos, Canadá y México, fue retomada
en la Cumbre de Quebec (abril de 2001), donde participaron 34 jefes de
Estado y de gobierno de América. Uno de los compromisos de la cumbre
fue "norteamericanizar los mercados de energía" -ante la deficiencia de
Estados Unidos en la materia esgrimida por Bush-, para lo cual se
requería "cambiar el marco legislativo y regulatorio" de los países
involucrados.
En mayo de 2001, el presidente Bush -principal operativo del cártel
petrolero-gasero texano conformado por las trasnacionales Exxon-Mobil,
Halliburton, Enron y El Paso Corporation- dio a conocer su plan energético
nacional (conocido como Plan Cheney), donde el combustible extranjero pasó
a ser el eje del proyecto. En ese esquema, México fue definido como
una "fuente primordial" para garantizar la "seguridad energética" de
Estados Unidos.
Varios meses antes de los atentados contra las Torres Gemelas, el Grupo
para el Desarrollo de una Política Energética Nacional, que elaboró el Plan
Cheney, había mostrado un mapa de la República Mexicana que identificaba
las cuencas de Burgos, Sabinas y Pedregosas, en el norte de México, frente
a Texas (dominios del clan Bush), como las principales reservas de gas no
explotado. En esa región, sugería el documento, podría darse una
interrelación energética "natural". El grupo recomendó a Bush que
instruyera a sus secretarios de Estado y de Energía para que, en consulta
con la Comisión Reguladora de Energía, se revisaran los "permisos
presidenciales" para la construcción de infraestructura que permita el
cruce de petróleo, gas natural y electricidad, y se propongan las reformas
a las regulaciones que sean necesarias para hacerlas compatibles con el
comercio intrafronterizo.
Cuando en septiembre de 2001 Fox visitó a Bush en Washington, ambos
recibieron la propuesta del Consejo Binacional México-Estados Unidos de
llevar a cabo, cuanto antes, la integración energética de Norteamérica. El
principal destinatario de la solicitud fue Fox: a él le recomendaron
aumentar la inversión privada en Pemex; abrir el sector de refinación de
crudo al capital extranjero; dividir en varias compañías la red de
oleoductos mexicanos y acceder a una pronta integración eléctrica con
Estados Unidos. Para todo ello, señalaron, hay opciones: "liberalizando los
marcos regulatorios y legales". Es decir, modificando la Constitución
mexicana.
2002. El 20 de septiembre de ese año Bush presentó su Estrategia de
Seguridad Nacional en la Casa Blanca. Entre las nociones básicas del
documento, una decía: "Debe mejorar la seguridad energética (de Estados
Unidos). Fortaleceremos nuestra propia seguridad energética y la
prosperidad compartida de la economía mundial, colaborando con nuestros
aliados, socios comerciales y productores de energía". En buen romance, fue
el anuncio estratégico de la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de
América del Norte (Aspan), suscrita en Waco, Texas, el 23 de marzo de 2005.
La Jornada
Otro,Opinión,,Con el Tratado de Libre Comercio de 1994, el régimen de EEUU
y los organismos financieros "internacionales" han venido avanzando en las
privatizaciones
El pasado 22 de noviembre, la 51 reunión interparlamentaria México-Estados
Unidos concluyó con la difusión de un comunicado conjunto, en el que la
delegación estadounidense manifestó su interés "por una mayor
interdependencia y seguridad energética de Norteamérica". En la reunión,
Michael McCaul, presidente de la delegación visitante y del Comité de
Seguridad Interior de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, elogió
el paquete de contrarreformas neoliberales impulsado por Enrique Peña y el
Pacto por México y, tras mencionar los acuerdos transfronterizos de
hidrocarburos de su país con México, abogó por una profundización de
la "alianza energética" entre ambos y Canadá.
En el marco de las privatizaciones en curso de Petróleos Mexicanos (Pemex)
y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en el Congreso mexicano,
las "aspiraciones" de McCaul y los parlamentarios estadounidenses no fueron
para nada inocentes. Abrevan en la histórica ambición anexionista y de
clase que desde los tiempos del secretario de Estado William H. Seward, en
la segunda mitad del siglo XIX, se expresó en un proyecto de control
infraestructural y económico de dimensiones continentales que incluía la
absorción de México y Canadá; proyecto revitalizado en documentos oficiales
del gobierno de Franklyn Delano Roosevelt en 1941, cuando se diseñó la
Doctrina de Áreas Ampliadas (Grand Area Doctrine), plan geopolítico de
integración vertical imperial para la competencia comercial entre bloques,
con eje en la noción de "seguridad nacional" estadounidense.
En su última fase, dicho proceso arranca a finales de los años 70 del siglo
pasado, cuando el lobby petrolero texano logró colocar en la Oficina Oval a
Ronald Reagan y George Bush padre. Veamos:
1973. El embargo de la Organización de Países Exportadores de Petróleo
(OPEP) a Estados Unidos, a raíz de su apoyo a Israel en la guerra de Yom
Kippur, exhibió su vulnerabilidad energética y generó un trauma
geoestratégico. Desde entonces, de cara a cualquier interrupción futura del
flujo de hidrocarburos (petróleo y gas natural) del golfo Pérsico,
Washington priorizó por razones de "seguridad nacional" sus políticas
hacia "fuentes amigables, estables y seguras" como Inglaterra, Canadá,
México y Venezuela.
1979. La vinculación entre la seguridad, la dependencia estratégica y las
iniciativas para la inclusión de Canadá y México en esquemas
de "integración" de América del Norte ingresa como tema central de la
seguridad nacional de Estados Unidos. Para dejar de ser "rehenes" de la
OPEP y de cara a la pugna interimperialista con los megabloques económicos
de la Unión Europea y el Asia/Pacífico (Japón y los tigres asiáticos) que
desafían la hegemonía de Estados Unidos, ese año, cuando el tema del
petróleo y el gas era casi un tabú en las relaciones bilateral y regional,
Ronald Reagan promueve en su campaña por la Casa Blanca la "desvinculación"
del petróleo mexicano y el gas natural canadiense del mercado mundial y
la "regionalización" de los recursos hidrocarburíficos de ambos países bajo
la idea de un "mercado común energético" de América del Norte.
Años 80. En el caso de México, los mayores obstáculos para la conformación
de un mercomún energético en el área espacial y territorial de Norteamérica
eran el nacionalismo revolucionario, con su artículo 27 constitucional, y
la noción misma de la soberanía nacional mexicana. Para librar esos
escollos, Washington optó por instrumentos "no militares" (es decir,
financieros y monetarios derivados de las líneas de condicionalidad del
Banco Mundial, el FMI y el BID atadas a la deuda externa) y
de "inteligencia política" (cooptación-corrupción de gobernantes, políticos
y empresarios y las presiones derivadas de sus eventuales vínculos con el
tráfico de drogas y otros ilícitos).
Históricamente, al aparato militar y diplomático estadounidense no le ha
sido difícil detectar esas vulnerabilidades, porque, como dijo el ex
secretario de Estado de Woodrow Wilson, Robert Lansing, "dominar a México
es extremadamente fácil porque basta con controlar a un solo hombre: el
presidente". Labor que han venido desarrollando los emisarios de Washington
desde el primer gobierno neoliberal de Miguel de la Madrid hasta el
presente, con Enrique Peña, pasando por Carlos Salinas (líder de la facción
santannista de lo que Manuel Buendía llamó "neopolkos"), Ernesto Zedillo,
Vicente Fox y Felipe Calderón. En abono de lo anterior, y como señaló hace
más de dos lustros John Saxe-Fernández en La compra-venta de México, desde
1982 se ha venido generalizando en México el "quintacolumnismo", es decir,
una quinta columna integrada por un grupo de poder local colaboracionista,
antinacional y entreguista, afín a un anexionismo vertical, subordinado y
dependiente de Estados Unidos.
1991. Durante el gobierno salinista, en el marco de la primera guerra del
golfo Pérsico, Timothy O'Leary dio a conocer que en una reunión celebrada
en Toronto, el 12 de junio de ese año, Los Pinos y la Casa Blanca pactaron
que "sin modificar la Constitución mexicana", el petróleo y las operaciones
nacionales e internacionales de Pemex entraran en las negociaciones del
Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN o NAFTA, por sus
siglas en inglés).
1994. Con la entrada en vigor del TLCAN, definido por el ex director de la
CIA William Colby como un instrumento importante para "desvanecer" la
soberanía mexicana y "reorientar" la función y la existencia misma de
México como Estado nación, se profundizó el proceso
de "constitucionalización del neoliberalismo disciplinario". Esto es, el
ajuste del aparato normativo mexicano con el fin de garantizar "seguridad
jurídica" a los inversionistas privados extranjeros, con especial fruición,
la desde entonces furtiva, larvada e ilegal contrarreforma a los artículos
27 y 28 de la Constitución en materia energética: electricidad, agua,
petróleo, gas natural y otros minerales considerados "críticos y
estratégicos" por el Pentágono.
Con la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte
(TLCAN) en 1994, Estados Unidos y los organismos
financieros "internacionales" (BM, FMI, BID, verdaderos perros guardianes
al servicio del Departamento del Tesoro y las compañías multinacionales),
han venido avanzando sin límite de continuidad en el "cogobierno" o "manejo
conjunto" del territorio nacional y sus recursos geoestratégicos. Incluida
la privatización "multimodal" de la infraestructura (carreteras, puertos,
aeropuertos, vías de ferrocarril, redes de fibra óptica, de electricidad e
hidrocarburos), propósito principal del Plan Puebla Panamá (PPP), diseñado
durante la administración de Ernesto Zedillo y profundizado con Vicente Fox.
2000-2001. Tras la elección de Fox en julio de 2000, Washington arreció en
sus propósitos de transformar el espacio territorial mexicano, de adecuarlo
con las nuevas mercancías, a los nuevos negocios y tecnologías. De
cuadricularlo, ordenarlo y hacerlo funcional y "productivo".
Durante su campaña electoral, en un debate televisado con Al Gore en
octubre de 2000, el entonces gobernador de Texas, George W. Bush, recuperó
la idea de Reagan y su padre (George Walker Bush, ex director de la CIA y
vicepresidente de los dos mandatos de Reagan, a quien sucedió en 1988) de
formar un "mercomún energético de América del Norte". Dijo: "Le hablé (a
Fox) de cómo sería mejor apresurar la exploración de gas natural en México
y transportarlo a Estados Unidos para que seamos menos dependientes de
fuentes externas de petróleo crudo". En febrero de 2001, el experto George
Baker, directivo de Mexico Energy Intelligence, planteó que Bush podía
ofrecer fondos para convertir a Pemex en la mejor empresa petrolera del
mundo. "Por supuesto, tendría que ser una propuesta del presidente Fox, que
no corresponde plantear al presidente Bush", dijo Baker. En marzo, Bush no
tuvo empacho en afirmar que el gas encontrado en México era "hemisférico" y
debía beneficiar a Estados Unidos. Afirmó entonces: "Una buena política
energética es aquella que entiende que tenemos energía en nuestro
hemisferio y cómo explotarlo mejor y transportarlo a los mercados".
Poco antes, con Fox de anfitrión, el secretario de Energía de EU, Spencer
Abraham, había logrado introducir en la Declaración de México -suscrita por
los ministros de Energía del hemisferio- una frase que abogaba por
la "integración energética" del continente. Allí quedó formado un grupo de
trabajo trilateral (integrado por Abraham y los ministros del ramo de
Canadá y México). "Encontramos que hay dependencia mutua, sin socios
minoritarios ni socios mayoritarios", dijo entonces Abraham desafiando la
ley que rige la fábula del tiburón y las sardinas.
La idea de crear "redes" o "corredores energéticos" a través de ductos
transfronterizos para el intercambio de hidrocarburos, así como la
integración eléctrica entre Estados Unidos, Canadá y México, fue retomada
en la Cumbre de Quebec (abril de 2001), donde participaron 34 jefes de
Estado y de gobierno de América. Uno de los compromisos de la cumbre
fue "norteamericanizar los mercados de energía" -ante la deficiencia de
Estados Unidos en la materia esgrimida por Bush-, para lo cual se
requería "cambiar el marco legislativo y regulatorio" de los países
involucrados.
En mayo de 2001, el presidente Bush -principal operativo del cártel
petrolero-gasero texano conformado por las trasnacionales Exxon-Mobil,
Halliburton, Enron y El Paso Corporation- dio a conocer su plan energético
nacional (conocido como Plan Cheney), donde el combustible extranjero pasó
a ser el eje del proyecto. En ese esquema, México fue definido como
una "fuente primordial" para garantizar la "seguridad energética" de
Estados Unidos.
Varios meses antes de los atentados contra las Torres Gemelas, el Grupo
para el Desarrollo de una Política Energética Nacional, que elaboró el Plan
Cheney, había mostrado un mapa de la República Mexicana que identificaba
las cuencas de Burgos, Sabinas y Pedregosas, en el norte de México, frente
a Texas (dominios del clan Bush), como las principales reservas de gas no
explotado. En esa región, sugería el documento, podría darse una
interrelación energética "natural". El grupo recomendó a Bush que
instruyera a sus secretarios de Estado y de Energía para que, en consulta
con la Comisión Reguladora de Energía, se revisaran los "permisos
presidenciales" para la construcción de infraestructura que permita el
cruce de petróleo, gas natural y electricidad, y se propongan las reformas
a las regulaciones que sean necesarias para hacerlas compatibles con el
comercio intrafronterizo.
Cuando en septiembre de 2001 Fox visitó a Bush en Washington, ambos
recibieron la propuesta del Consejo Binacional México-Estados Unidos de
llevar a cabo, cuanto antes, la integración energética de Norteamérica. El
principal destinatario de la solicitud fue Fox: a él le recomendaron
aumentar la inversión privada en Pemex; abrir el sector de refinación de
crudo al capital extranjero; dividir en varias compañías la red de
oleoductos mexicanos y acceder a una pronta integración eléctrica con
Estados Unidos. Para todo ello, señalaron, hay opciones: "liberalizando los
marcos regulatorios y legales". Es decir, modificando la Constitución
mexicana.
2002. El 20 de septiembre de ese año Bush presentó su Estrategia de
Seguridad Nacional en la Casa Blanca. Entre las nociones básicas del
documento, una decía: "Debe mejorar la seguridad energética (de Estados
Unidos). Fortaleceremos nuestra propia seguridad energética y la
prosperidad compartida de la economía mundial, colaborando con nuestros
aliados, socios comerciales y productores de energía". En buen romance, fue
el anuncio estratégico de la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de
América del Norte (Aspan), suscrita en Waco, Texas, el 23 de marzo de 2005.
La Jornada
Otro,Opinión,,Con el Tratado de Libre Comercio de 1994, el régimen de EEUU
y los organismos financieros "internacionales" han venido avanzando en las
privatizaciones
El pasado 22 de noviembre, la 51 reunión interparlamentaria México-Estados
Unidos concluyó con la difusión de un comunicado conjunto, en el que la
delegación estadounidense manifestó su interés "por una mayor
interdependencia y seguridad energética de Norteamérica". En la reunión,
Michael McCaul, presidente de la delegación visitante y del Comité de
Seguridad Interior de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, elogió
el paquete de contrarreformas neoliberales impulsado por Enrique Peña y el
Pacto por México y, tras mencionar los acuerdos transfronterizos de
hidrocarburos de su país con México, abogó por una profundización de
la "alianza energética" entre ambos y Canadá.
En el marco de las privatizaciones en curso de Petróleos Mexicanos (Pemex)
y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en el Congreso mexicano,
las "aspiraciones" de McCaul y los parlamentarios estadounidenses no fueron
para nada inocentes. Abrevan en la histórica ambición anexionista y de
clase que desde los tiempos del secretario de Estado William H. Seward, en
la segunda mitad del siglo XIX, se expresó en un proyecto de control
infraestructural y económico de dimensiones continentales que incluía la
absorción de México y Canadá; proyecto revitalizado en documentos oficiales
del gobierno de Franklyn Delano Roosevelt en 1941, cuando se diseñó la
Doctrina de Áreas Ampliadas (Grand Area Doctrine), plan geopolítico de
integración vertical imperial para la competencia comercial entre bloques,
con eje en la noción de "seguridad nacional" estadounidense.
En su última fase, dicho proceso arranca a finales de los años 70 del siglo
pasado, cuando el lobby petrolero texano logró colocar en la Oficina Oval a
Ronald Reagan y George Bush padre. Veamos:
1973. El embargo de la Organización de Países Exportadores de Petróleo
(OPEP) a Estados Unidos, a raíz de su apoyo a Israel en la guerra de Yom
Kippur, exhibió su vulnerabilidad energética y generó un trauma
geoestratégico. Desde entonces, de cara a cualquier interrupción futura del
flujo de hidrocarburos (petróleo y gas natural) del golfo Pérsico,
Washington priorizó por razones de "seguridad nacional" sus políticas
hacia "fuentes amigables, estables y seguras" como Inglaterra, Canadá,
México y Venezuela.
1979. La vinculación entre la seguridad, la dependencia estratégica y las
iniciativas para la inclusión de Canadá y México en esquemas
de "integración" de América del Norte ingresa como tema central de la
seguridad nacional de Estados Unidos. Para dejar de ser "rehenes" de la
OPEP y de cara a la pugna interimperialista con los megabloques económicos
de la Unión Europea y el Asia/Pacífico (Japón y los tigres asiáticos) que
desafían la hegemonía de Estados Unidos, ese año, cuando el tema del
petróleo y el gas era casi un tabú en las relaciones bilateral y regional,
Ronald Reagan promueve en su campaña por la Casa Blanca la "desvinculación"
del petróleo mexicano y el gas natural canadiense del mercado mundial y
la "regionalización" de los recursos hidrocarburíficos de ambos países bajo
la idea de un "mercado común energético" de América del Norte.
Años 80. En el caso de México, los mayores obstáculos para la conformación
de un mercomún energético en el área espacial y territorial de Norteamérica
eran el nacionalismo revolucionario, con su artículo 27 constitucional, y
la noción misma de la soberanía nacional mexicana. Para librar esos
escollos, Washington optó por instrumentos "no militares" (es decir,
financieros y monetarios derivados de las líneas de condicionalidad del
Banco Mundial, el FMI y el BID atadas a la deuda externa) y
de "inteligencia política" (cooptación-corrupción de gobernantes, políticos
y empresarios y las presiones derivadas de sus eventuales vínculos con el
tráfico de drogas y otros ilícitos).
Históricamente, al aparato militar y diplomático estadounidense no le ha
sido difícil detectar esas vulnerabilidades, porque, como dijo el ex
secretario de Estado de Woodrow Wilson, Robert Lansing, "dominar a México
es extremadamente fácil porque basta con controlar a un solo hombre: el
presidente". Labor que han venido desarrollando los emisarios de Washington
desde el primer gobierno neoliberal de Miguel de la Madrid hasta el
presente, con Enrique Peña, pasando por Carlos Salinas (líder de la facción
santannista de lo que Manuel Buendía llamó "neopolkos"), Ernesto Zedillo,
Vicente Fox y Felipe Calderón. En abono de lo anterior, y como señaló hace
más de dos lustros John Saxe-Fernández en La compra-venta de México, desde
1982 se ha venido generalizando en México el "quintacolumnismo", es decir,
una quinta columna integrada por un grupo de poder local colaboracionista,
antinacional y entreguista, afín a un anexionismo vertical, subordinado y
dependiente de Estados Unidos.
1991. Durante el gobierno salinista, en el marco de la primera guerra del
golfo Pérsico, Timothy O'Leary dio a conocer que en una reunión celebrada
en Toronto, el 12 de junio de ese año, Los Pinos y la Casa Blanca pactaron
que "sin modificar la Constitución mexicana", el petróleo y las operaciones
nacionales e internacionales de Pemex entraran en las negociaciones del
Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN o NAFTA, por sus
siglas en inglés).
1994. Con la entrada en vigor del TLCAN, definido por el ex director de la
CIA William Colby como un instrumento importante para "desvanecer" la
soberanía mexicana y "reorientar" la función y la existencia misma de
México como Estado nación, se profundizó el proceso
de "constitucionalización del neoliberalismo disciplinario". Esto es, el
ajuste del aparato normativo mexicano con el fin de garantizar "seguridad
jurídica" a los inversionistas privados extranjeros, con especial fruición,
la desde entonces furtiva, larvada e ilegal contrarreforma a los artículos
27 y 28 de la Constitución en materia energética: electricidad, agua,
petróleo, gas natural y otros minerales considerados "críticos y
estratégicos" por el Pentágono.
Con la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte
(TLCAN) en 1994, Estados Unidos y los organismos
financieros "internacionales" (BM, FMI, BID, verdaderos perros guardianes
al servicio del Departamento del Tesoro y las compañías multinacionales),
han venido avanzando sin límite de continuidad en el "cogobierno" o "manejo
conjunto" del territorio nacional y sus recursos geoestratégicos. Incluida
la privatización "multimodal" de la infraestructura (carreteras, puertos,
aeropuertos, vías de ferrocarril, redes de fibra óptica, de electricidad e
hidrocarburos), propósito principal del Plan Puebla Panamá (PPP), diseñado
durante la administración de Ernesto Zedillo y profundizado con Vicente Fox.
2000-2001. Tras la elección de Fox en julio de 2000, Washington arreció en
sus propósitos de transformar el espacio territorial mexicano, de adecuarlo
con las nuevas mercancías, a los nuevos negocios y tecnologías. De
cuadricularlo, ordenarlo y hacerlo funcional y "productivo".
Durante su campaña electoral, en un debate televisado con Al Gore en
octubre de 2000, el entonces gobernador de Texas, George W. Bush, recuperó
la idea de Reagan y su padre (George Walker Bush, ex director de la CIA y
vicepresidente de los dos mandatos de Reagan, a quien sucedió en 1988) de
formar un "mercomún energético de América del Norte". Dijo: "Le hablé (a
Fox) de cómo sería mejor apresurar la exploración de gas natural en México
y transportarlo a Estados Unidos para que seamos menos dependientes de
fuentes externas de petróleo crudo". En febrero de 2001, el experto George
Baker, directivo de Mexico Energy Intelligence, planteó que Bush podía
ofrecer fondos para convertir a Pemex en la mejor empresa petrolera del
mundo. "Por supuesto, tendría que ser una propuesta del presidente Fox, que
no corresponde plantear al presidente Bush", dijo Baker. En marzo, Bush no
tuvo empacho en afirmar que el gas encontrado en México era "hemisférico" y
debía beneficiar a Estados Unidos. Afirmó entonces: "Una buena política
energética es aquella que entiende que tenemos energía en nuestro
hemisferio y cómo explotarlo mejor y transportarlo a los mercados".
Poco antes, con Fox de anfitrión, el secretario de Energía de EU, Spencer
Abraham, había logrado introducir en la Declaración de México -suscrita por
los ministros de Energía del hemisferio- una frase que abogaba por
la "integración energética" del continente. Allí quedó formado un grupo de
trabajo trilateral (integrado por Abraham y los ministros del ramo de
Canadá y México). "Encontramos que hay dependencia mutua, sin socios
minoritarios ni socios mayoritarios", dijo entonces Abraham desafiando la
ley que rige la fábula del tiburón y las sardinas.
La idea de crear "redes" o "corredores energéticos" a través de ductos
transfronterizos para el intercambio de hidrocarburos, así como la
integración eléctrica entre Estados Unidos, Canadá y México, fue retomada
en la Cumbre de Quebec (abril de 2001), donde participaron 34 jefes de
Estado y de gobierno de América. Uno de los compromisos de la cumbre
fue "norteamericanizar los mercados de energía" -ante la deficiencia de
Estados Unidos en la materia esgrimida por Bush-, para lo cual se
requería "cambiar el marco legislativo y regulatorio" de los países
involucrados.
En mayo de 2001, el presidente Bush -principal operativo del cártel
petrolero-gasero texano conformado por las trasnacionales Exxon-Mobil,
Halliburton, Enron y El Paso Corporation- dio a conocer su plan energético
nacional (conocido como Plan Cheney), donde el combustible extranjero pasó
a ser el eje del proyecto. En ese esquema, México fue definido como
una "fuente primordial" para garantizar la "seguridad energética" de
Estados Unidos.
Varios meses antes de los atentados contra las Torres Gemelas, el Grupo
para el Desarrollo de una Política Energética Nacional, que elaboró el Plan
Cheney, había mostrado un mapa de la República Mexicana que identificaba
las cuencas de Burgos, Sabinas y Pedregosas, en el norte de México, frente
a Texas (dominios del clan Bush), como las principales reservas de gas no
explotado. En esa región, sugería el documento, podría darse una
interrelación energética "natural". El grupo recomendó a Bush que
instruyera a sus secretarios de Estado y de Energía para que, en consulta
con la Comisión Reguladora de Energía, se revisaran los "permisos
presidenciales" para la construcción de infraestructura que permita el
cruce de petróleo, gas natural y electricidad, y se propongan las reformas
a las regulaciones que sean necesarias para hacerlas compatibles con el
comercio intrafronterizo.
Cuando en septiembre de 2001 Fox visitó a Bush en Washington, ambos
recibieron la propuesta del Consejo Binacional México-Estados Unidos de
llevar a cabo, cuanto antes, la integración energética de Norteamérica. El
principal destinatario de la solicitud fue Fox: a él le recomendaron
aumentar la inversión privada en Pemex; abrir el sector de refinación de
crudo al capital extranjero; dividir en varias compañías la red de
oleoductos mexicanos y acceder a una pronta integración eléctrica con
Estados Unidos. Para todo ello, señalaron, hay opciones: "liberalizando los
marcos regulatorios y legales". Es decir, modificando la Constitución
mexicana.
2002. El 20 de septiembre de ese año Bush presentó su Estrategia de
Seguridad Nacional en la Casa Blanca. Entre las nociones básicas del
documento, una decía: "Debe mejorar la seguridad energética (de Estados
Unidos). Fortaleceremos nuestra propia seguridad energética y la
prosperidad compartida de la economía mundial, colaborando con nuestros
aliados, socios comerciales y productores de energía". En buen romance, fue
el anuncio estratégico de la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de
América del Norte (Aspan), suscrita en Waco, Texas, el 23 de marzo de 2005.
La Jornada
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martes, 17 de diciembre de 2013
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